Actualmente, existe una disyuntiva entre la vida y la muerte cuando una persona pierde la mayoría de sus facultades naturales para desenvolverse por sí sola y llevar una existencia normal. Una disyuntiva que confronta inmisericordemente lo legal con lo ético.

La Constitución Nacional venezolana consagra y protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Sin embargo, una situación límite se presenta cuando alguien depende de medios artificiales para continuar viviendo, y no existe posibilidad cierta de que pueda registrar mejorías según criterios clínicos, entonces debe resolverse a la luz de la ética y de las leyes.

Según la Ley de Ejercicio de la Medicina ningún médico está obligado a mantener artificialmente la vida de una persona, por lo tanto, dejar en paz a un enfermo irrecuperable sin utilizar medidas desproporcionadas que prolongan agonía y costos para que continúe vivo, aunque no es una acción ilícita, tampoco equivale a la eutanasia; es lo que se llama ortotanasia, que es la muerte correcta y a la que se deja llegar sin utilizar métodos extraordinarios.

Muchos no son partidarios de la eutanasia ya que este es un término que se presta a perversas interpretaciones, esa es una medida que implica liquidar de manera directa la vida de una persona, está catalogado como homicidio y, por tanto, está penado por las leyes; pero paliar un dolor sin intervenir y dejar que el sujeto termine su vida dignamente es lícito.

En otros casos admiten la intervención de la Medicina y el empleo de herramientas extraordinarias con personas con cáncer en su fase terminal, siempre y cuando sirva para atenuar o aliviar el sufrimiento físico que implica esa enfermedad.

Cuando un médico, al menos en Venezuela, emplea métodos para inducir la muerte del paciente, por sugerencia o autorización de él mismo, sí incurre en el delito de colaboración al suicidio. “Esto sí es eutanasia”.

Dr. Avilio Méndez Flores